UN ESPACIO PARA TODOS

Desde la llegada de Javier Milei al poder hubo una serie de cambios estructurales en las políticas del gobierno. Un nuevo proyecto económico y social vino a desmembrar las formas de concebir las políticas públicas del Estado, y con ello, suscitó un cambio de prioridades en el ámbito de la salud pública.  

Opinión - Por Martina Smirnoff
29 de septiembre de 2024

En Octubre de este año, el gobierno, a partir de un comunicado del Ministerio de Capital Humano, dio a conocer el cierre del Hospital Bonaparte, debido a su “déficit económico". Tras esta noticia, la comunidad de la salud junto con los usuarios del hospital se manifestaron. Muchos de los que estaban ahí expresaban su preocupación por el cierre y la imposibilidad de imaginarse un futuro sin el tratamiento con el que contaban día a día. Afortunadamente este hospital no cerró, el gobierno declaró que los motivos que revocaron esa decisión fueron meramente judiciales por lo que no fue una decisión manifiesta del gobierno. Esta amenaza frente a la salud pública no fue la única. Hace ya unos cuantos meses, trabajadores del Hospital Garrahan se encuentran en una situación crítica de financiamiento y son muchos los profesionales que se están yendo del prestigioso hospital. Una vez más la salud pública se encuentra en peligro dejando a los beneficiarios de esta a un costado.

Las prioridades del gobierno reflejan una visión mercantilista de la salud, y la salud mental, históricamente desprestigiada, no queda exenta de esto. El rol que cumplen los hospitales públicos de salud mental en Argentina son fundamentales para el buen desenvolvimiento de los usuarios dentro de la sociedad. No sólo proveen la posibilidad de acceder a los tratamientos, sino que también, funcionan, para muchos, como un lugar de comunidad en el que luchan por su bienestar. A lo largo de los años, ha habido un gran trabajo para visibilizar la importancia del cuidado de la salud mental, sin embargo, resulta particularmente importante repensar en las posibilidades de acceso de los sectores más vulnerables de la escala social que son los más expuestos a las negligencias de los Estados.

 Nos encontramos frente a un desmoronamiento del cuidado de la salud mental, no existe ya una prioridad en materia de salud pública, y por la multiplicidad de prejuicios que conviven con ella, existe un desconocimiento sobre cómo repercute en el día a día padecer algún tipo de enfermedad mental.

¿Qué significa que un hospital para la salud mental sea público? En principio expresa una inclusividad por parte de la sociedad, refleja que es un problema que nos atañe a todos, pero por sobre todo las cosas, expresa que la salud mental importa y es prioridad del Estado garantizarla. Le otorga visibilidad a un problema que va en crecimiento. Según un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud, para el año 2030, los problemas de salud mental serán la principal causa de enfermedad. Esta proyección se agrava para aquellas personas que se ven imposibilitadas a recibir un buen tratamiento, y con ello, engloba otra serie de problemas: las posibilidades para conseguir trabajo o estudios padeciendo una enfermedad mental, se reducen, por tanto repercute en la pobreza de los Estados. Lo paradójico resulta que la pobreza termina siendo un factor que condiciona las posibilidades de acceder a tratamientos adecuados, y la consecuencia de seguir reproduciendola. 

En un contexto donde el gobierno utiliza el desfinanciamiento como política de Estado, las posibilidades para lograr una mayor inserción a personas que necesitan un tratamiento adecuado se reducen cada vez más. Las presiones socioeconómicas del contexto de hoy, constituyen una fuente de riesgo para los trastornos mentales, sumado al estigma social que éstos mismos acarrean.

Un estudio hecho por la organización National Bureau of Economic Research, halló que, aquellas personas que tienen menores ingresos tienen una tendencia mayor de sufrir de depresión, ansiedad y otros trastornos mentales, que aquellos que tienen mayores ingresos. En este estudio también se avizora que el tratamiento de la salud mental funciona como herramienta en contra de la pobreza, debido a los programas sociales por parte del Estado que incluyen, en el ámbito de la salud pública, la posibilidad de acceder a tratamientos de forma gratuita, sin embargo, los estigmas sociales posibilitan que los tratamientos de salud mental para los Estados quedan relevados a los tratamientos de la salud física.  

Nuestro país no se queda atrás en este estigma, los establecimientos públicos para tratar estos problemas son escasos, y nuestra Ley de Salud Mental en el marco de una política de desfinanciamiento a la salud pública queda debilitada. La mirada mercantilista del gobierno sobre la Salud genera que se siga reproduciendo el binomio de pobreza y salud mental perpetuando ambas problemáticas.  

Que un Estado tenga como política pública la prevención y cuidado de la salud mental, no sólo posibilita una mayor información sobre estas enfermedades, sino que convierte al asunto en una prioridad, en algo que nos atañe a todos y que es de todos, que permite la prosperidad de una sociedad.