El proyecto oficial ya superó el Senado y se encamina a Diputados. Qué cambia, cómo se vota y por qué el debate marca un punto de quiebre en las reglas laborales argentinas. 

Opinión - Por Sarai Avila
19 de febrero, 2026

El gobierno de Javier Milei logró que el Senado aprobara su reforma laboral y ahora el proyecto quedó en manos de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, donde se definirá si se convierte en ley, se modifica o se frena. La discusión no es menor: se trata de una de las transformaciones más profundas del sistema laboral argentino en décadas y redefine condiciones de contratación, despido, negociación colectiva y derecho a huelga. 

Entre los cambios centrales aparece la posibilidad de reemplazar la indemnización tradicional por un fondo de cese laboral —un sistema similar al de la construcción— que busca dar previsibilidad a las empresas pero traslada riesgos al trabajador, ya que el costo del despido deja de recaer principalmente en el empleador. También se habilitan esquemas de “banco de horas”, que permiten compensar horas extra con descanso en vez de pago adicional, lo que en la práctica flexibiliza la jornada y puede extenderla hasta límites hoy no habituales. 

El proyecto además modifica el equilibrio de poder en la negociación colectiva. Propone limitar la ultraactividad —la vigencia automática de convenios vencidos— y habilitar que acuerdos por empresa prevalezcan sobre los sectoriales.

Especialistas advierten que esto puede fragmentar condiciones laborales dentro de una misma actividad, debilitando la capacidad
de negociación conjunta y trasladando la discusión al
ámbito individual o interno de cada firma. 

Otro punto sensible es el derecho a huelga. La iniciativa amplía la lista de actividades consideradas esenciales y obliga a garantizar niveles mínimos de funcionamiento durante medidas de fuerza. Para los sindicatos, esto restringe la herramienta central de presión colectiva; para el oficialismo, asegura continuidad de servicios y reduce el impacto económico de los paros. El conflicto no es sólo jurídico: es una disputa sobre el alcance real de la protesta laboral. 

Las licencias por enfermedad generaron especial polémica. Distintas interpretaciones del texto encendieron alarmas sobre posibles recortes salariales durante períodos de enfermedad, y desde el Gobierno se intentó bajar el tono del debate. La ministra Patricia Bullrich sostuvo públicamente que algunas lecturas eran erróneas, lo que dejó en evidencia no sólo la sensibilidad del tema sino también la falta de claridad comunicacional sobre puntos técnicos del proyecto. 

El capítulo de formalización laboral también divide aguas. La propuesta incluye condonación de deudas previsionales y reducción de contribuciones para empleadores que regularicen trabajadores no registrados.

Mientras el Ejecutivo lo presenta como incentivo para blanquear empleo, críticos señalan que medidas similares en el pasado no lograron reducir de manera sostenida la informalidad, que sigue afectando a una porción significativa del mercado laboral. 

El clima político que rodea la reforma es tan relevante como su contenido.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó medidas de fuerza y denunció que la iniciativa implica una pérdida de derechos históricos. Desde el oficialismo, en cambio, argumentan que el objetivo es modernizar el mercado laboral, reducir litigiosidad y facilitar la contratación formal en un contexto de crisis económica y alta precarización. 

Para entender qué puede pasar ahora, conviene mirar el mecanismo legislativo.
El texto ya obtuvo media sanción en el Senado de la Nación Argentina. En Diputados hay tres escenarios posibles: aprobación sin cambios —lo que la convertiría en ley inmediata—, aprobación con modificaciones —lo que obligaría a que vuelva al Senado— o rechazo, que haría caer el proyecto. La aritmética parlamentaria es clave porque el oficialismo no tiene mayoría propia y depende de alianzas circunstanciales. 

El trasfondo es más amplio que una ley puntual. La decisión presidencial de extender por decreto las sesiones extraordinarias para tratar iniciativas clave mostró la urgencia del Ejecutivo por acelerar definiciones legislativas y dejó en claro que
la reforma laboral es una pieza central dentro de un programa de cambios estructurales que el gobierno libertario quiere llevar adelante. En ese marco, el debate no sólo enfrenta visiones económicas distintas, sino modelos opuestos de organización social del trabajo. 

Lo que está en juego excede un paquete de artículos técnicos. La discusión plantea un interrogante de fondo: qué modelo de relaciones laborales tendrá Argentina en los próximos años y quién asumirá los costos de esa transición. Para algunos sectores, la reforma es una actualización necesaria frente a un mercado cambiante; para otros, implica un retroceso en garantías conquistadas durante décadas.
La votación pendiente no definirá sólo el destino del proyecto, sino también el alcance real de esa disputa. 

Sarai Avila es estudiante de último año de la Licenciatura en Ciencia Política por
la Universidad de Buenos Aires y redactora de periodismo de investigación.
Le interesan las narrativas y los discursos que circulan en lo cotidiano, y la forma en que modelan hábitos, percepciones y comportamientos.