Dentro del marco legal y luego de una larga historia de luchas por lograr conseguir una autonomía justa, la violencia contra las mujeres en la política sigue estando presente. ¿Qué ocurre cuando el poder ya no puede excluirlas, pero sí hostigarlas?

Por Guillermina Vazquez
23 de septiembre, 2026
7 minutos de lectura

Desde que era chica me hicieron apta para entender y practicar el silencio. Instituciones, empresas, y personas que aun abrazaba. Cuando me preguntaban que quería ser de grande, yo decía:

Quiero ser mujer. Quiero poder serlo.

Y quizás a cualquiera que lea esto le parezca una consideración inocente, pero significaba mucho más que eso. Durante años, ser mujer implicó aprender hasta dónde se podía hablar, decidir y ocupar un lugar. El 23 de septiembre de 1947, la Ley 13.010, conocida como “Ley Evita”, reconoció por primera vez nuestros derechos políticos y abrió la posibilidad de votar y ser elegidas. El derecho llegó, pero la disputa por el lugar no terminó ahí. Casi ochenta años después, seguimos preguntándonos cuánto cuesta ocuparlo cuando, además de llegar, una mujer decide hacer uso de su voz. 

A pesar de la Ley de Paridad —que establece explícitamente la obligación de conformar las listas de candidatos con un 50% de mujeres y un 50% de varones, garantizando así una mayor participación femenina en distintos cargos—, en Argentina las mujeres solo ocupan el 42% de los puestos en el gobierno.

Más allá de esta limitada representación numérica, las mujeres son las principales víctimas de violencia en el ámbito político. El acoso que sufren, por el solo hecho de ser mujer, responde a una necesidad de sostener jerarquías de género. No se trata de una violencia cualquiera, sino de una forma específica de agresión que revela cómo algunos varones buscan preservar una identidad ligada al liderazgo autoritario y excluyente. De esta forma, se genera un odio que muchas veces carece de argumentos, pero que encuentra una única justificación: la mujer en la política. 

La idea sobre que los hombres están naturalmente capacitados para liderar, mientras que las mujeres no, es una construcción social profundamente arraigada en sistemas patriarcales. Sin base científica ni lógica, esta noción responde a siglos de exclusión de las mujeres de los espacios de poder, reforzada por instituciones, religiones y culturas que perpetúan la desigualdad de género. Es entonces cuando nos cuestionamos nosotras: ¿qué es justo?

El avance tecnológico amplifica una participación que décadas atrás estaba vedada; hoy, miles de mujeres expresan sus ideales a través de las redes sociales. Sin embargo, en un contexto donde la violencia y agresión parece casi permitida, el hostigamiento las persigue. Un ejemplo clave para representar esto, son los tweets de la artista argentina Mariana Esposito, más conocida como “Lali”, tras manifestar su ideología política. Los sectores opositores iniciaron una ola de ataques no para debatir ideas, sino para erosionar su legitimidad. No se trató de una discusión ideológica, sino de una serie de descalificaciones personales, burlas y cuestionamientos a su lugar en el debate público. Creo que lo más triste es que no puedan tratar de justificar estas acciones, porque son claramente repetitivas. Un tiempo después, María Becerra volvió a convertirse en blanco de ataques luego de manifestarse públicamente sobre los incendios en la Patagonia. La cantante cuestionó la respuesta del Gobierno ante la situación y, nuevamente, recibió ataques por expresar una opinión política. El propio Javier Milei respondió públicamente a sus declaraciones y la comparó con Lali, retomando una lógica de descalificación que excede el debate sobre sus dichos. El odio solo cambia de nombre, de edad, de barrio. Nunca de género.

“Desde mi experiencia particular siendo enfermera y militando en un Departamento de Salud, he visto reflejada en la generación que me antecedió, la dificultad de tomar roles de poder en las mujeres y más a las enfermeras. En 15 años, los dos primeros Decanos del Departamento fueron hombres, (en un contexto donde todos los decanos de la Universidad igual también eran hombres), y en salud el primero fue médico y el otro estuvo vinculado a la actividad física, a pesar que la Enfermería siempre fue la carrera más numerosa de la Universidad mayoritariamente representada por estudiantes, docentes y graduadas mujeres”, desarrolló Laura Vacca, presidenta de la asociación de Graduades de la Universidad Nacional de Avellaneda. “Esta realidad (sin desmerecer la capacidad ni labor de los compañeros) reflejó de manera inconsciente durante toda mi trayectoria de militancia en mi departamento, que las expectativas de quienes se consideran más aptos para ocupar roles de conducción política son los hombres y mucho más en el campo de la salud, que se encuentra atravesado por la influencia del modelo médico hegemónico patriarcal también”. 

La violencia que se genera cuando las mujeres ocupan espacios de poder puede ser verbal, simbólica, institucional, mediática o incluso física. En Argentina, la Ley 27.533 (2019) penalizó por primera vez la violencia política por motivos de género, definiéndola como cualquier acción que tenga por objetivo impedir, restringir, anular o menoscabar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Sin embargo, a pesar de este avance legislativo, ningún acto de violencia llegó a la justicia. Siempre se calló, se escondió, y murió en cada mujer que lo reprimió.

“Cuando trabajaba en un estudio jurídico laboral, un día llegó un delegado del sindicato de comercio en busca de abogados para representar legalmente al gremio, con una única condición: debían ser hombres. En ese momento, las mujeres éramos mayoría en el estudio, por lo que la decisión resultaba ilógica. Sin embargo, el dueño aceptó, a pesar de que las abogadas teníamos mejores resultados en los juicios”, confesó una abogada de un estudio laboralista en la localidad de Lomas de Zamora.

Los testimonios presentados evidencian que estas formas de exclusión no son abstractas ni aisladas, sino que forman parte de estructuras históricas profundamente patriarcales que atraviesan todos los espacios, incluso aquellos en los que las mujeres son mayoría o tienen un desempeño destacado. Superar esta desigualdad requiere no sólo leyes, sino también un compromiso activo de toda la sociedad para desmontar prejuicios, revisar prácticas institucionales y construir una cultura política más justa, inclusiva y verdaderamente democrática.

La historia argentina evidencia una fuerte resistencia hacia las mujeres con poder. Las toma en cuenta solo cuando viven dentro del silencio, las suelen tolerar cuando su rol no es más que su rostro y cuerpo, pero las persigue cuando hablan, toman decisiones, cuando se hacen oír e intentan escribir su propio destino.

¿Cuántas acusaciones y saboteos necesita vivir la mujer política para que los demás entiendan que no se hace desde un lugar de enseñanza sino desde el odio? Y que el odio, es solo eso, y no transforma ni enorgullece, no tiene por qué pero siempre hacia quién.

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Guillermina Vazquez es estudiante de la Lic. en Periodismo en la Universidad Nacional de Avellaneda. Me gusta que siempre se lea mi nombre junto al apellido, me da orgullo no dejarlo morir. Disfruto de recitar en vivo, los domingos con mi familia, abrazar a mis amigas, y entender mi crecimiento a través de mi escritura que me respira en la nuca.