Argentina posee la segunda reserva de gas natural no convencional más grande del mundo y la cuarta de petróleo no convencional. A pesar de su importancia mundial, el desarrollo de las energías fósiles no parece suscitar muchas discusiones en un país caracterizado por grietas políticas. O bueno, eso creemos. 

Por Tomás Conde
27 de marzo, 2026

En los últimos años, el sector energético argentino en general y Vaca Muerta en particular, fueron hegemonizando la atención pública y privada. El país experimentó una transformación estructural, apalancada por una reconfiguración en sus patrones de inversión, su inserción internacional y una nueva distribución en las funciones del Estado y el sector privado. 

Trump trajo consigo el viejo mandato que sostenía que la riqueza de las naciones se sustentaba en la energía barata de los hidrocarburos y volvió a marcar el horizonte del mundo occidental. En este escenario, Argentina vivió una rápida expansión de la producción energética desde 2021, liderada por el desarrollo de recursos no convencionales en Vaca Muerta y un progresivo desplazamiento del Estado como inversor en la infraestructura estratégica como también en la planificación sectorial.

La expansión del ámbito energético permitió reducir las importaciones de combustibles líquidos y habilitar saldos exportables estables hacia países vecinos. Este reposicionamiento regional implica la transición de un país importador hacia uno exportador.  

La inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) en 2023 permitió aliviar parcialmente este cuello de botella. Su importancia radica en su efecto integral: la disponibilidad de infraestructura de transporte habilita dinamizar la productividad, reduce costos de energía y genera condiciones más favorables para la inversión industrial; juega así las veces de facilitador sistémico de la expansión productiva.

De todas formas, la velocidad del crecimiento del shale oil & gas* neuquino lo volvió insuficiente, volvió insuficiente la infraestructura existente, lo que expuso los límites de un sistema de transporte saturado. En este marco, se extendió la emergencia del sector energético hasta el 31 de diciembre de 2027 con el DNU 49/2026. 

*Hablar de shale oil and gas hace referencia al gas y petróleo no convencional. Esto no refiere a un tipo diferente de producto si no de donde proviene y de qué forma hay que tratar el pozo para extraerlo. Entonces, la diferencia entre gas y petróleo convencional y el no convencional es únicamente su procedencia y metodología de extracción. 

El escenario nos trae un dilema histórico en todo proyecto productivo: ¿qué tipo de esquema institucional y de gobernanza energética se consolidará para resolver ese cuello de botella: uno orientado por la planificación pública o uno guiado primordialmente por las señales del mercado?, ¿debemos enlazar este rubro pujante con otros sectores de la economía?, ¿en qué medida puede florecer este sector sin reflejarse en aprovechamiento nacional? 

Parabellum de la (buena) flexibilización

Estos años de gobierno bajo investidura violenta trajo consigo varias modificaciones y Decretos de Necesidad y Urgencia que apuntaron al sector energético. Las reformas a la Ley de Hidrocarburos en 2024 buscaron flexibilizar el régimen de otorgamiento de permisos, ampliando las condiciones para proyectos de inversión intensiva en capital, entre otros.  

La Resolución 145/2025 formalizó el procedimiento para la exportación de Gas Natural Licuado (GNL), estructurando un nuevo marco regulatorio que busca desarrollar el negocio de las reservas gasíferas de Vaca Muerta. Asimismo, corresponde destacar la tríada normativa integrada por los Decretos 450/25, 451/25 y 452/25. 

El primero de ellos flexibiliza los mecanismos de autorización para proyectos de infraestructura troncal, habilitando al sector privado a proponer, financiar y ejecutar obras sin la mediación de empresas estatales. Este decreto redefine las competencias nacionales para intervenir en proyectos que son catalogados como “de interés sistémico”. El segundo introduce cambios en los procedimientos de concesión de áreas y en la operatoria de los sistemas de transporte, lo que significa que se flexibilizan las obligaciones de abastecimiento al mercado interno. Por último, el tercero modifica la gobernanza del transporte y la distribución, donde las decisiones de inversión en logística responden primordialmente a expectativas comerciales, sin un marco de planificación pública que oriente la expansión del sistema hacia objetivos de desarrollo territorial. 

En conjunto, los Decretos 450, 451 y 452 construyen un régimen normativo que desplaza el eje decisorio desde los organismos públicos hacia actores privados. La nueva gobernanza energética pasa a caracterizarse por una mayor flexibilización para la inversión privada y una menor capacidad estatal. Desde la mirada oficialista, estos cambios buscan alinear la regulación argentina con estándares de competencia internacional, mayor certidumbre jurídica y menores barreras burocráticas. En la misma línea, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) apunta a aumentar el atractivo para proyectos de escala y habilitar herramientas de estabilidad fiscal a largo plazo. 

El desplazamiento del Estado coincide con un aumento inédito del endeudamiento corporativo. Entre 2023 y 2025, se registró un ciclo ascendente de emisión de Obligaciones Negociables (ON), refinanciaciones de pasivos y colocaciones internacionales. La curva de aprendizaje tecnológico y la competitividad alcanzada por el shale neuquino permite que Argentina se posicione entre las regiones de extracción no convencional más eficientes fuera de Estados Unidos. El endeudamiento no implicaba una apuesta financiera particular, sino una convicción sectorial acerca del potencial de un nuevo ciclo energético argentino orientado al abastecimiento regional y al mercado de GNL. 

Por una industria libre de pecado mercado

En el marco de la flexibilización que desarrollada anteriormente, la construcción de un gasoducto dedicado en el proyecto del consorcio Southern Energy (es decir, un gasoducto que no se conecta a la infraestructura troncal nacional si no que es específico para el proyecto de exportación vía GNL) visibilizó las distancias entre la industria nacional y la internacional.

La disputa Javier Milei vs Paolo Rocca se tejió a raíz de la licitación abierta para la provisión de tubos con costura destinados a dicho gasoducto. En representación de la industria nacional, la empresa Tenaris (del Grupo Techint), compitió hasta última instancia siendo derrotada por la empresa india Welspun. La oferta nacional costaba 40% más que la ganadora.

Veamos el caso Tenaris. La empresa sostiene que de ella dependen 420 personas que trabajan en la planta de Valentin Alsina, cadena productiva que emplea indirectamente a 1200 personas. Un detalle no menor en la ecuación es que la chapa que se utiliza en la planta de Valentin Alsina es importada desde Brasil, lo que refleja que incluso contratando una empresa nacional la totalidad de la inversión no se va a terminar radicando en nuestro país.

Pero por más que haya sido una licitación y una resolución que opere estrictamente bajo las conveniencias mercantiles privadas, este escenario expande un mundo de preguntas relacionadas a cuáles pueden ser los resultados de la flexibilización del sector.

¿Está preparada la industria argentina para competir contra las industrias de otros países?, ¿priorizamos trabajo nacional a costos más altos o precios más baratos a costa de importación?, ¿el sector energético floreciente debe acompañar el desarrollo de otros sectores o hay que librar su camino lo máximo posible? ¿el desarrollo del sector se puede transformar en un fenómeno meramente extractivista?

La sociedad argentina en conjunto debe saldar para consigo a qué beneficios quiere aspirar y a que consecuencias puede tolerar. Precios accesibles, pleno empleo, industria nacional pujante, inflación baja y tecnología de punta son condiciones que todos deseamos pero que difícilmente puedan hacer mella en un modelo de país atravesando la coyuntura socio-económica que enfrentamos.

Conclusión  

La expansión de Vaca Muerta abre una ventana de oportunidad única para generar divisas, atraer inversiones y reducir vulnerabilidades macroeconómicas. Sin embargo, si el desarrollo de infraestructura queda exclusivamente en manos privadas —sin planificación estatal ni articulación industrial—, se corre el riesgo de convertirse en un enclave exportador con bajo efecto multiplicador local, reproduciendo patrones extractivistas. Cuando la decisión sobre obras troncales se desplaza hacia las empresas, el vector de desarrollo territorial y productivo deja de responder a una lógica estratégica nacional para alinearse con incentivos corporativos. Ello puede derivar en un sistema eficiente desde la racionalidad económica privada, pero insuficiente desde los objetivos de desarrollo nacional, industrialización y federalismo equilibrado.

A escala internacional, la mayoría de los países están girando hacia aranceles y medidas proteccionistas, mientras Argentina despliega políticas flexibilizadoras en contra de la tendencia y el mundo oil and gas protagoniza esta apertura. El desafío central radica en recomponer un equilibrio que combine la inversión privada con la planificación estratégica, fortaleciendo la identidad de la industria energética como vector de desarrollo productivo y garante de la seguridad energética nacional.

Que no se malinterprete: el sector energético necesitaba un marco de desarrollo más favorable que el que tenía previo al gobierno de Javier Milei. El incremento de las inversiones, estabilidad macroeconómica y previsibilidad jurídica son aristas deseables. La cadena energética tiene que nutrirse en cada una de sus fases, tanto en el upstream como también en el midstream. Vaca Muerta tiene que desarrollarse de forma incremental para poder aspirar a tener condiciones competitivas que conviertan este tambo próspero en un eje central de la economía argentina y un parámetro a considerar en materia regional y global.  

Tomás Conde es estudiante avanzado en Ciencia Política (UBA). Interesado en el desarrollo energético, la geopolítica y la producción nacional. En paralelo, decidido en viajar y contemplar nuevos destinos. Disfruta de cocinar y ver películas.
Hincha de River.