En un contexto de creciente dificultad para acceder al suelo urbano y al alquiler formal, la crisis habitacional ya no puede pensarse únicamente en términos de vivienda. La expansión de las periferias urbanas expresa una disputa más profunda: quiénes tienen derecho a formar parte de la ciudad y en qué condiciones.

Por Ana Sofía Izurieta
11 de julio, 2026
4 minutos de lectura

En Argentina, la crisis habitacional suele pensarse en términos de déficit de vivienda. Sin embargo, esa mirada resulta insuficiente para explicar un problema más profundo. En un contexto donde el acceso al suelo urbano y al alquiler formal se vuelve cada vez más restrictivo, la pregunta ya no es únicamente quién puede acceder a una casa, sino quiénes tienen derecho a formar parte de la ciudad. 

Como señalaba Henri Lefebvre (1978), el “derecho a la ciudad” no refiere únicamente a habitar el espacio urbano, sino también a participar de sus beneficios, infraestructuras y oportunidades. Desde esta perspectiva, el hábitat deja de ser una cuestión exclusivamente habitacional para convertirse en una disputa política, territorial y profundamente desigual.

Lejos de explicarse por un simple crecimiento poblacional, la dinámica urbana reciente expresa un proceso de producción desigual del hábitat. Mientras el mercado inmobiliario concentra las mejores localizaciones y encarece el acceso formal al suelo, amplios sectores de la población quedan excluidos de las áreas consolidadas y son desplazados hacia periferias cada vez más alejadas y desconectadas.

La ciudad no crece de manera neutral: se expande reproduciendo desigualdades territoriales y sociales.

Las periferias urbanas no son territorios ajenos a la ciudad, sino una expresión de sus propios límites y contradicciones. El crecimiento de ciudades como La Plata, Rosario, Mendoza o incluso distintos centros urbanos de la Patagonia muestra cómo el desborde urbano se canaliza hacia bordes cada vez más alejados, donde el acceso al suelo resulta posible únicamente a costa de una pérdida progresiva de derechos urbanos.

Allí, las distancias no solo implican kilómetros. Significan más tiempo de viaje, mayores costos de transporte, menor acceso a servicios públicos, dificultades de conectividad y una relación más precaria con las instituciones del Estado.

La periferización no expulsa a las personas fuera de la ciudad; las incorpora en condiciones profundamente desiguales.

En este escenario, los barrios populares se consolidan como una de las principales formas de acceso informal al "hábitat". Su crecimiento sostenido no constituye una anomalía, sino la expresión de los límites estructurales del modelo urbano vigente. A través de procesos de autoconstrucción y urbanización progresiva, millones de personas producen ciudades en condiciones marcadas por déficits persistentes de infraestructura, conectividad y acceso a servicios básicos.

Los datos permiten dimensionar la magnitud del problema. Según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), en Argentina existen más de 5.800 barrios populares donde viven más de cinco millones de personas. En gran parte de estos territorios persisten dificultades estructurales vinculadas al acceso al agua potable, cloacas y energía segura.

Como desarrolló Oscar Oszlak en Merecer la ciudad (1991), el acceso al espacio urbano nunca es neutral. La ciudad distribuye de manera desigual no solo recursos materiales, sino también oportunidades, tiempos de traslado, acceso a servicios y posibilidades de integración social. 

En muchos casos, además, la expansión periférica avanza sobre territorios ambientalmente frágiles: humedales, zonas inundables o áreas sin infraestructura adecuada. La crisis urbana y la crisis ambiental no aparecen por separado en estos escenarios. Las poblaciones con mayores dificultades para acceder al suelo formal son también quienes quedan más expuestas a inundaciones, contaminación o déficits estructurales en servicios esenciales.

El riesgo ambiental, lejos de distribuirse de manera homogénea, también expresa una desigualdad territorial.

Durante los últimos años, la integración socio-urbana se consolidó como un enfoque orientado a intervenir sobre estas desigualdades. Instrumentos como el RENABAP y el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), con todas sus limitaciones, representaron intentos de reconocer institucionalmente a nivel nacional esta problemática mediante políticas de infraestructura, regularización del suelo y mejoramiento barrial.

Sin embargo, el escenario actual muestra un retroceso significativo en esta agenda. El desfinanciamiento del FISU y la paralización de numerosos procesos de integración reconfiguran el debate sobre el hábitat y ponen en cuestión la continuidad de estas políticas.

En ausencia de estrategias sostenidas de intervención estatal, el riesgo es la consolidación de ciudades cada vez más fragmentadas y desiguales. Mientras el mercado inmobiliario organiza el acceso al suelo en función de la capacidad de pago, la retracción de las políticas de integración socio-urbana tiende a profundizar patrones de crecimiento excluyente.

Así, el problema no es solamente dónde vivir, sino quiénes pueden habitar la ciudad en condiciones dignas.

Pensar el hábitat en estos términos implica desplazar el foco desde la vivienda hacia la ciudad. No se trata únicamente de construir más, sino de discutir cómo y para quiénes se construye.

En última instancia, la crisis del hábitat expresa una disputa más amplia por el derecho a la ciudad: una disputa en torno a quiénes pueden acceder plenamente a la vida urbana y quiénes quedan sistemáticamente relegados a sus márgenes.

Ana Sofía Izurieta es politóloga por la UBA e investigadora UBACyT sobre integración socio-urbana con enfoque en cuidados. Ha trabajado en proyectos vinculados a políticas públicas, ambiente y desarrollo territorial junto a organizaciones internacionales como UNESCO e instituciones académicas. Actualmente coordina espacios de formación sobre cambio climático y gestión pública y participa en actividades comunitarias en barrios populares y hogares
de niñez.