Miles de árboles quemados, un humo negro que lo cubre todo y rostros de desesperación. Las imágenes se renuevan año a año, amenazando con inmunizar nuestro dolor. Sin embargo, no hemos de perder de vista los intereses económicos y políticos que se esconden tras la desidia estatal. 

Opinión - Por Sabi Menedin
1 de febrero, 2026

¿Cuántas repeticiones vuelven algo costumbre? ¿Cuántas veces debemos enfrentarnos a un hecho para que deje de ser noticia? En la era de la sobrecarga de información y la volatilidad de la atención, resulta casi inevitable que la sociedad deje de dar respuesta ante la reiteración. Sea como un mecanismo defensivo o un mero automatismo, las personas dejan de recibir, los medios dejan de emitir, y el mensaje se pierde. Sin embargo, la realidad continúa ahí: Los bosques siguen ardiendo, pero las portadas de los diarios ya no los cubren y los espectadores alarmados hace rato dejaron de estar ahí.  

Entre el 6 y 8 de diciembre, tras la caída de un rayo en el brazo sur del Lago Menéndez, el Parque Nacional los Alerces comenzó a arder. El 5 de enero, en Puerto Patriada, se desató otro foco de incendio de origen intencional. Hoy, en Chubut, el fuego sigue fuera de control y ya arrasó más de 40.000 hectáreas de bosques nativos, matorrales y plantaciones. A pesar de ello, un clima ambiguo rodea a la situación: La impotencia y preocupación de algunos se entrevera con el letargo e indiferencia de otros, que, tras leer los mismos titulares verano a verano, comienzan a naturalizar la pérdida de bosques. Pero la repetición no debe confundirnos: los incendios no son naturales ni inevitables, y su periodicidad no debe volverse costumbre, sino motivo de alarma.  

Históricamente, los incendios forestales han incrementado su frecuencia en la región, siendo estos los principales factores de transformación de los bosques nativos. Sin embargo, su intensificación durante los últimos años, favorecida por condiciones meteorológicas cada vez más extremas, ha vuelto su daño irreparable, impidiendo la regeneración de las especies nativas afectadas.  

Según datos del Monitoreo de la superficie de bosque nativo de la Argentina, entre 2001 y 2024 la pérdida de Bosques Andino Patagónicos fue de 121.547 hectáreas —el 57% en la provincia de Chubut, donde la pérdida fue de 69.342 hectáreas— principalmente a causa de incendios forestales. No obstante, al analizar dichos datos en detalle, se observa que mientras durante el periodo 2001-2005 la pérdida fue de 1.933 ha, entre 2005-2009 de 5.492 ha y entre 2009-2013 de 3.074 ha, solo en el año 2024 la pérdida fue de 4.947 ha.

En relación a las causas que originan los incendios forestales, informes del Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF) estiman que el 95% de los mismos son producidos por la mano del hombre, ya sea por negligencia, descuido, o intencionalidad. Por su parte, factores climáticos como la falta de precipitaciones, las temperaturas elevadas, el bajo porcentaje de humedad y los vientos fuertes inciden en su propagación y complejizan su contención. Dichas condiciones ambientales extremas, por incidencia del cambio climático, no hacen más que agravarse, multiplicando la probabilidad de que se produzcan incendios de mayor intensidad y amplitud que en el pasado.

Asimismo, y como advierten investigadoras del INIBIOMA, la proliferación de especies invasoras de pino contribuye a los incendios forestales, dado que las mismas poseen una gran capacidad de adaptación al fuego, funcionan como un combustible mucho más inflamable que las especies locales, y dificultan la regeneración de la vegetación nativa, modificando completamente las características del ambiente.

Hoy, un panorama desolador rodea a la cordillera patagónica: brigadistas desbordados, miles de evacuados, pérdida de viviendas y cultivos, una localidad asediada por el fuego. Sin embargo, los daños irreparables van mucho más allá: pérdida de biodiversidad, transformación de bosques en matorrales, ecosistemas de especies nativas que pueden tardar generaciones en recuperarse, degradación de los suelos y aumento del riesgo de inundaciones. La impotencia brota de solo pensarlo, pero la urgencia de la realidad no ha de nublar el registro de los verdaderos culpables. El fuego no deja de ser político.  

En medio de la emergencia, el Gobierno provincial despliega narrativas punitivistas, de corto alcance, que criminalizan y apuntan (sin evidencias) contra las comunidades mapuches, en un intento por ocultar la responsabilidad del Estado en materia de financiamiento y prevención. Además, el gobernador Ignacio Torres recibió y bloqueó $540 millones provenientes de un Fondo de la Ley de Bosques destinados a programas de manejo, protección y recuperación de bosques nativos; así como también retuvo, desde 2024, fondos provenientes de organismos internacionales para la prevención de incendios forestales.  

No obstante, frente al abandono del Gobierno, la comunidad se organiza y enfrenta el incendio de manera colectiva, por medio de brigadas forestales voluntarias, apoyadas financieramente por organizaciones sociales, donaciones y colectas de fondos que, pese a los dichos del gobernador, permanecen siendo necesarias y activas.  

Por su parte, el Gobierno nacional, al desfinanciar la Ley de Bosques y la Ley de Manejo del Fuego, y al reducir en un 71,6% la partida presupuestaria del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, debilita las herramientas y capacidades estatales para combatir los incendios, precarizando las condiciones laborales de los brigadistas e impidiendo la inversión en prevención y educación ambiental. En palabras de Hernán Mondino, brigadista del PNLA, “Falta recurso humano, y eso tiene que ver con políticas que no se desplegaron a tiempo y con el tema salarial. Hay un vaciamiento del sistema porque la gente se va buscando mejores condiciones”.  

Así mismo, mediante las modificaciones en la Ley de Tierras, se habilita la compra de territorios incendiados, permitiendo así el desarrollo de negocios inmobiliarios, mineros y extractivistas sobre territorios devastados, favoreciendo de este modo la reproducción de incendios intencionales, motivados por intereses económicos.

Es entonces que, tras la desidia estatal y el desfinanciamiento, se distinguen con claridad intereses políticos y económicos. Un ecocidio con fines especulativos tiene lugar hoy en nuestra Patagonia. Y ante el abandono del Estado, las comunidades organizadas necesitan de nuestro apoyo y visibilización. Queda en nosotros evitar ser cómplices silenciosos, no acostumbrarnos al fuego y defender nuestros bosques. 

Sabi Menedin es estudiante de Ciencia Política (UBA). Le interesa la teoría política, la política latinoamericana y todo aquello que ayude a comprender críticamente la realidad (sin morir en el intento). En su tiempo libre, le gusta leer e ir al cine.