Analizar las elecciones de este domingo más allá de su carácter local nos puede mostrar una transformación estructural en marcha: que las certezas que durante décadas establecieron las reglas de juego del orden geopolítico pierden fuerza ante nuevas lógicas. 

Por Augusto Vitores
4 de octubre, 2026
9 minutos de lectura

Hay elecciones que deciden solamente quién gobierna un país. Esto, en una nación con 214 millones de habitantes, no es, per se, poca cosa. Pero tengo la intuición de que este domingo en Brasil se pondrá a prueba algo más estructural: si gran parte de las certezas sobre la política internacional en las que descansamos durante las últimas décadas quedaron finalmente obsoletas. 

¿Tiene Brasil la clave para empezar a entender el mundo en el que vivimos? Asegurarlo sería un statement, de mínima, demasiado audaz. Aun así, considero que nos puede iluminar en algunos aspectos cruciales de este sistema político naciente.

El escenario permite empezar a sospechar un cambio en el modo en que el electorado decide, en la valoración actual del orden democrático, en cómo se vinculan los Estados y en la pulsión soberana de América Latina respecto a la influencia de los Estados Unidos en la región. 

Pero, sobre todo, se disputa una pregunta que podría definir el rumbo de nuestras sociedades de cara a lo que el ya muy citado Varoufakis definió como tecnofeudalismo: ¿los representantes políticos, sometidos a la voluntad popular, deben conservar la capacidad de regular a los grandes actores privados o hay que dejar que consoliden una escisión y autonomía absoluta del control de los Estados-nación? 

El desacople entre gestión y resultados: ¿el fin del voto racional?

La premisa electoral clásica de la ciencia política —sintetizada en la célebre frase "es la economía, estúpido"— es una de las primeras en atravesar una crisis. Estaconcepción, popularizada en 1992 por James Carville para explicar cómo la recesión sepultó la reelección de George H. W. Bush, le daba una lecturaeconómica a la derrota de un gobierno. Era simple: una gestión sólida solía encaminar a un presidente hacia una reelección, mientras que una administración deficiente demandaba un cambio de rumbo.

Siguiendo esta línea, quienes tenemos cierta simpatía por el progresismo pudimos explicar el fracaso del peronismo en el 2023 por el carácter débil y desorientado del liderazgo de Alberto Fernández y su inflación galopante. También pudimos comprender que el Movimiento al Socialismo (MAS) fuera derrotado en Bolivia tras una brutal y parricida interna que derivó en un escenario caótico. Incluso sugerimos que la falta de resultados concretos de Boric, y sus traspiés en procesos clave, como la reforma constitucional, resultaron en la llegada de Kast. 

Las predicciones de las principales encuestadoras de Brasil, que muestran una diferencia muy cercana al margen de error, nos enfrentan hoy a un escenario en el que va a ser complejo seguir descansando en esta premisa.  

Por ejemplo, el último relevamiento de Datafolha, realizado entre el 29 de septiembre y el 1.º de octubre, ubicó a Lula con 48 % frente a 45% de Flávio Bolsonaro en una eventual segunda vuelta. 

Si Lula pierde a pesar de mantener múltiples indicadores macroeconómicos favorables y una estabilidad considerable, deberíamos empezar a considerar que hay una gran transformación en marcha: la pérdida de correlación entre resultados y popularidad.

Si bien toda gestión es discutible, algunos datos nos llevan a pensar que lejos está su tercera presidencia de asemejarse a los casos antes mencionados:

• Desempleo: según la PNAD Continua del IBGE, la tasa de desocupación fue de 5,1 % en el trimestre móvil terminado en diciembre de 2025, el menor nivel de la serie histórica iniciada en 2012. El ingreso real habitual de los trabajadores alcanzó un récord de 3.613 reales.

• Inflación: según el IBGE, el IPCA —índice oficial de inflación de Brasil— bajó 0,32 % en agosto de 2026 y acumuló 4,22 % en los doce meses hasta agosto.

• Pobreza y extrema pobreza: según la Síntesis de Indicadores Sociales del IBGE, entre 2023 y 2024 la pobreza descendió de 27,3 % a 23,1 % de la población, y la extrema pobreza, de 4,4 % a 3,5 %. El organismo señaló que ambos indicadores alcanzaron mínimos de su serie histórica.  

Además, Lula construyó, desde su regreso, un vínculo más amigable con parte del establishment local. Su vicepresidente y nuevamente compañero de fórmula, Geraldo Alckmin, es un antiguo adversario y exdirigente del PSDB, una figura identificada con la centroderecha y con vínculos históricos con el sector empresarial. 

Por otro lado, el Gobierno de Bolsonaro terminó atravesado por una de las mayores crisis sanitarias de la historia reciente: Brasil acumuló más de 708.000 muertes por COVID-19, según el Ministerio de Salud, y la CPI de la Pandemia del Senado recomendó en 2021 una imputación por distintos delitos vinculados con la gestión de la emergencia sanitaria.

Sin embargo, el apellido Bolsonaro no desapareció de la competencia política. Por el contrario: cuatro años después de que Jair Bolsonaro perdiera frente a Lula, su hijo Flávio disputa la presidencia en nombre de ese mismo espacio político y aparece en las encuestas a una distancia estrecha del actual mandatario.  

¿Entonces el voto se volvió más emocional que racional? Eso ayudaría a explicar también por qué los liderazgos carismáticos parecen ocupar un espacio creciente frente a los cuadros técnicos. La política contemporánea demanda menos la capacidad de administrar una maquinaria estatal y más la capacidad de condensar una identidad, construir un antagonismo y canalizar la frustración y la bronca propias de la época.  

Básicamente, muchos indicadores económicos del gobierno de Lula son favorables y, aun así, su reelección no está asegurada: Flávio Bolsonaro aparece muy cerca en las encuestas. A la vez, el apellido Bolsonaro conserva fuerza electoral pese a que el gobierno de Jair Bolsonaro terminó marcado por esa experiencia pandémica y a una condena por golpe de estado.

La paradoja no es que los votantes ignoren la economía o el pasado, sino que esos elementos ya no parecen bastar para ordenar sus preferencias. La identidad política y la adhesión a un liderazgo pueden sostener una candidatura incluso frente a aquello que antes la podía dejar “fuera de juego”.  

La pregunta, entonces, no es si los brasileños dejaron de votar por razones materiales, sino si esas razones perdieron su capacidad de ordenar por sí solas el comportamiento electoral. La sensación de cierta "inevitabilidad" global plantea una pregunta incómoda: ¿es la polarización identitaria una etapa estructural e ineludible de las democracias occidentales contemporáneas? 

Condenabilidad del golpismo: ¿cuánto importan hoy los valores democráticos?  

Por otro lado, el proceso electoral en Brasil somete a prueba el consenso mínimo de la vida democrática: el reconocimiento de los resultados por todas las fuerzas que participan en la contienda. 

Jair Bolsonaro fue condenado por el Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 años y tres meses de prisión por delitos vinculados a la trama destinada a impedir la transferencia del poder tras las elecciones de 2022; entre ellos, tentativa de golpe de Estado y abolición violenta del Estado democrático de derecho. Se consideró probado que Bolsonaro fue el líder de una organización que actuó para desacreditar las urnas, atacar a la Justicia Electoral y crear las condiciones para una ruptura institucional. 

La trama no se redujo a las manifestaciones públicas posteriores a la derrota. Según las pruebas consideradas por el STF, tuvo distintas etapas: ataques sistemáticos contra la confiabilidad de las urnas y el Tribunal Superior Electoral; utilización de estructuras estatales para monitorear adversarios; reuniones destinadas a discutir mecanismos para impedir la asunción de Lula; elaboración de una minuta que contemplaba medidas de excepción y la detención de autoridades; y, finalmente, la movilización que desembocó en los ataques del 8 de enero de 2023. 

La investigación identificó el denominado "Punhal Verde e Amarelo", un plan atribuido al general retirado Mário Fernandes que contemplaba el secuestro o asesinato de Lula, Geraldo Alckmin y Alexandre de Moraes. Fernandes reconoció ante el Supremo haber elaborado el documento, aunque sostuvo que se trataba de un análisis personal que no había sido compartido. Las instituciones judiciales y políticas brasileñas marcaron así un precedente al juzgar e inhabilitar a responsables directos e intelectuales de una tentativa de ruptura institucional. El STF informó que en los cuatro procesos correspondientes a los distintos núcleos de la trama fueron juzgadas 31 personas: 29 fueron condenadas y dos, absueltas. 

Pero la dimensión verdaderamente interesante para esta elección está en otro lugar: ¿qué hace el electorado con esas condenas? El dilema de la legitimidad aparece cuando una porción significativa del electorado puede relativizar una afrenta al orden constitucional si considera que el dirigente que la protagonizó representa mejor su agenda ideológica. La cuestión no consiste únicamente en saber si los ciudadanos consideran legítimo el mecanismo electoral, sino si están dispuestos a defender sus reglas incluso cuando el resultado favorece al adversario. 

Si esa aceptación desaparece, las elecciones dejan de funcionar como mecanismos de resolución de conflictos y pasan a convertirse en episodios dentro de una disputa permanente mayor en torno a la legitimidad del adversario.

Estado-nación vs. tecnofeudalismo: el límite geopolítico a las Big Tech  

Uno de los episodios más reveladores de la política brasileña fue el conflicto entre el STF y X, la plataforma de Elon Musk. Reducirlo a un enfrentamiento personal entre Alexandre de Moraes y Musk dejaría fuera la cuestión central: hasta dónde puede hacer cumplir sus leyes un Estado cuando una plataforma digital opera desde otra jurisdicción, pero presta servicios dentro de su territorio. 

En agosto de 2024, el STF ordenó suspender X en Brasil después de que la empresa incumpliera órdenes judiciales y no designara un representante legal en el país. La suspensión terminó en octubre, cuando la plataforma cumplió las exigencias judiciales, nombró representante y pagó las multas impuestas. Durante el conflicto también fueron bloqueados fondos de Starlink, otra empresa de Musk, para cubrir sanciones vinculadas con X.

El episodio puso en primer plano una discusión que excede a Brasil. Una plataforma puede estar constituida en un país, tener sus servidores distribuidos en otros y, al mismo tiempo, convertirse en una infraestructura central de la conversación política de un Estado. ¿Quién fija las reglas de ese espacio y quién puede exigir que se cumplan?  

El caso adquiere una dimensión todavía mayor porque Musk no es solamente el propietario de una de las principales plataformas de comunicación del mundo: también es un empresario con intereses globales y una figura que interviene activamente en debates políticos de distintos países. En definitiva, la frontera entre el poder económico, el poder comunicacional y la influencia política es cada vez más fluida.  

Brasil mostró, en cualquier caso, que los Estados todavía conservan herramientas para imponer sus reglas a las plataformas. Pero también expuso una asimetría cada vez más evidente: las empresas tecnológicas pueden operar a escala global, mientras que los Estados continúan ejerciendo su soberanía principalmente dentro de sus fronteras. 

De las políticas de Estado a la diplomacia de los líderes 

­La relación entre Brasil y Argentina ofrece un ejemplo particularmente visible de otra transformación en curso. Dos países que comparten una frontera, una historia de integración económica y el principal bloque comercial de América del Sur pueden tener una relación diplomática condicionada por la relación personal entre sus presidentes. La llegada de Javier Milei al poder enfrió el vínculo con Lula hasta el punto de que las diferencias entre ambos dejaron de ser solamente ideológicas y comenzaron a afectar la relación diplomática entre los dos Estados.

Pero es un fenómeno que excede a estos dos países. Trump encontró en Milei y los Bolsonaro aliados políticos con los que comparte una visión (o subordinación) y a los que respaldó públicamente, mientras que su relación con Pedro Sánchez ha sido conflictiva, pese a que España es un aliado formal de Estados Unidos y miembro de la OTAN.

Es una modificación importante de la lógica tradicional de las relaciones internacionales. Un Estado no deja de tener intereses permanentes porque cambie su presidente: Brasil seguirá necesitando comerciar con Argentina, Estados Unidos seguirá siendo aliado de España y los países de la OTAN seguirán compartiendo compromisos de defensa.  

Pero sobre esa estructura institucional aparece ahora una capa más volátil: la relación entre los dirigentes. Un presidente puede acercar a un país con el que no existía una alianza especialmente estrecha o alejarlo de otro con el que existen décadas de vínculos diplomáticos. 

Eso vuelve más frágil la idea de una política exterior como política de Estado. Si una relación bilateral depende en mayor medida de quién gobierna y de la relación que ese líder mantiene con su contraparte, los cambios electorales dejan de modificar solamente las políticas internas: también pueden alterar, en poco tiempo, alianzas, acuerdos y equilibrios que antes parecían tener una continuidad propia. 

La elección brasileña se inscribe en esa transformación. Más allá de quién resulte elegido, también pondrá a prueba cuánto de la política exterior de Brasil responde a intereses e instituciones que sobreviven a los gobiernos y cuánto queda sujeto a la relación política entre los líderes que ocupen el poder. 

Por este motivo, la elección también se desarrolla en un contexto de mayor presión de Estados Unidos para afirmar su primacía en el hemisferio. La Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense, publicada en 2025, plantea explícitamente que Washington debe “reafirmar y hacer cumplir” la Doctrina Monroe.

Brasil no ocupa cualquier lugar en ese escenario. Es la mayor economía de América Latina, integra los BRICS y tiene vínculos comerciales y diplomáticos importantes tanto con China como con Estados Unidos. Lula ha defendido una política exterior que busca conservar un margen de autonomía y diversificar las alianzas brasileñas.

Donald Trump incluso dijo que seguía «muy de cerca» la elección brasileña y que le parecía «muy importante». Su declaración se produjo en medio de las tensiones entre Washington y el Gobierno de Lula. Así, el resultado de la elección puede incidir no solo en la orientación interna de Brasil, sino también en el margen que el país busque preservar frente a Estados Unidos y China.  

Por todo esto, Brasil importa más allá de quién ocupe la presidencia. El proceso puede verse como una señal de que las viejas mediaciones —los partidos, las instituciones, las alianzas entre Estados e incluso la evaluación de los gobiernos— pierden capacidad para entender la vida política actual. Estas máximas parecen ser desplazadas por vínculos más inmediatos, propios de la identificación emocional. Si esa transformación se confirma, quizás no estaremos ante una excepción brasileña, sino ante un cambio más profundo en las reglas con las que nuestras sociedades producen legitimidad y poder. 

Augusto Vitores es Magíster en Periodismo por la Universidad Torcuato Di Tella, redactor en el diario La Nación y alguien que descubrió que le apasiona la política desde chico, cuando empezó a discutir –casi– todo en la mesa familiar. En su tiempo libre le encanta leer, tomar mate con amigos y conocer cosas nuevas.